Autoridades solicitan al Tribunal Supremo de Manhattan que suspenda la norma que obliga a Nueva York dar refugio a población migratoria 4a3h2r
El pasado martes 23 de mayo, las autoridades de la ciudad de Nueva York solicitaron ante un tribunal que "se suspenda temporalmente la norma que le obliga asistir a la población migratoria". 443t5w
El Departamento legal de la ‘gran manzana’ envió una carta al Tribunal Supremo de Manhattan con la petición de que se modifique la ley de resguardo migratorio que ha prevalecido desde el año 1984.
Sobre la situación el alcalde de NY, Eric Adams, precisó en un comunicado: "de ninguna manera estamos buscando acabar con el derecho al cobijo".
Sin embargo, según el funcionario, el flujo de migrantes ha saturado los albergues públicos y la ciudad está pagando miles de dólares diarios a unos 150 hoteles de la ciudad.
A su vez, Adams detalló la dificultad que su istración enfrenta a la hora de ubicar a los migrantes y sostuvo que “el amparo judicial busca implicar al Gobierno de Joe Biden”.
"Ahora tenemos más solicitantes de asilo bajo nuestro cuidado, que neoyorquinos sin hogar. Ser deshonesto en cuanto al tema solo resultará en el colapso de nuestro sistema y necesitamos que nuestros socios en el gobierno (federal) sepan la verdad y hagan su parte", puntualizó el alcalde.
Según el regidor, la ciudad de NY ha gastado más de 1.000 millones de dólares para brindar albergue, alimentación, plazas escolares para los menores llegados con sus familias y servicios médicos.
Cabe recordar que buena parte de la diáspora que ha llegado a Nueva York lo ha hecho en viajes organizados en autobuses por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien ha insistido que “las ciudades progresistas con alcaldes demócratas tendrían los brazos abiertos para los migrantes que se concentran en la frontera”.
Con el 40 % de los hoteles de entre 51 y 200 habitaciones ocupados por solicitantes de asilo, el alcalde Eric Adams pretende enviar migrantes a otras localidades de Nueva York para “descomprimir las infraestructuras de acogida, pese a la oposición de comunidades receptoras”.
