Un fallecido y nueve heridos en cárcel venezolana de Uribana por trifulca entre los internos 285c3l

Un muerto y al menos nueve heridos fue el saldo de un motín que se registró este miércoles 6 de enero en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocida como cárcel de Uribana en el estado Lara, tras una fuerte riña entre grupos internos. 2k2qf

El fallecido fue identificado como Roiber Alejandro Pereira Mendoza, de 24 años de edad, mientras que dos de los heridos responden a los nombres de Roger José Amaro Sangronis, de 25 años de edad, y Edwin Benjamín García Rodríguez, de 49 años de edad. El primero murió a causa de un impacto de bala en el tórax, el segundo se encuentra en delicado estado de salud, tras recibir un balazo en el cuello con salida en el tórax, y el tercer recluso fue atendido por una herida de bala en la pierna izquierda, según reseña nota de prensa del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 446428

El resto de los heridos presentaron lesiones en piernas y brazos, pero ninguno de gravedad. Al respecto, el OVP indica que aunque Uribana se encuentra bajo régimen penitenciario “el hecho de que durante el motín hubo heridos por arma de fuego deja en evidencia la mala istración del Ministerio de Servicios Penitenciarios, desde donde aseguran con frecuencia que en estos penales fue erradicado la figura del pranato y el uso de armamento”. 4o7316

A través de un video enviado por los reclusos del módulo 6, el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer el descontento de la población penal por el cobro de “causa” para tener derecho a usar un equipo telefónico, de visitas y alimentos. 66h2i

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Según el relato de los familiares y algunos detenidos que no quisieron identificarse por temor a represalias, en Uribana todo es un negocio desde hace un año, pero la situación empeoró tras la suspensión de las visitas por la pandemia de COVID-19.

“Prácticamente estamos en un penal abierto, al punto que se vende droga libremente y ya muchos sabíamos que algunos presos estaban armados”, confesó un familiar, quien además aseguró que la mayoría de las armas ingresaron presuntamente durante el mes de diciembre. El costo por tener a un arma de fuego fue supuestamente de más de 100 dólares.

De la misma forma detallaron que durante el mes de diciembre cobraban alrededor de 50 dólares por una visita especial, entre 20 y 60 dólares por a un teléfono, dependiendo del modelo que fuera; y la “causa” semanal era de 10 dólares solo por el derecho a tener un teléfono y 1 dólar por la estadía en la celda.

En cuanto a los alimentos, un kilo de sal cuesta hasta 4 millones de bolívares, mientras que el precio de un kilo de arroz o una mantequilla es de 5 millones de bolívares. En caso de que los familiares quieran enviarles algún alimento crudo, deben pagar un dólar por cada producto o, si por ejemplo llevan tres kilos de harina de maíz, deben dejar tres kilos del mismo producto para el uso de los custodios.

El pago de todo lo anteriormente mencionado es a través de divisas extranjeras, pago móvil e incluso cuentan con un punto de venta inalámbrico. Según los denunciantes, estos cobros son exigidos por los “pranes” de cada módulo, aunque los custodios y el personal istrativo del penal tienen pleno conocimiento de la situación y también son presuntos beneficiarios del dinero recabado, denuncia el OVP.

De igual manera, añadieron que desde hace poco se aplican castigos a los reos que no pueden pagar la “causa”. Supuestamente, los presos que no pagan a tiempo son golpeados, maltratados e incluso aislados en una celda denominada “El Dragón”.

Fue este miércoles 6 de enero cuando los reos del módulo 6 finalmente se opusieron al pago de la “causa”, considerando que la mayoría provienen de familias humildes, y posteriormente fueron enfrentados por los reclusos de los módulos 5 y 7 con armas en mano.

Roibel Alejandro, el fallecido durante la trifulca, intentó mediar entre ambos bandos, pero un disparo le cegó la vida. “No disparen, no nos vamos a matar aquí, al final todos somos causas”, fueron las últimas palabras del occiso, quien cumplía condena en el módulo 6.

Según fuentes internas del recinto penitenciario, tras la muerte de su compañero de celda, los reos mantuvieron secuestrado al director Rafael Ramírez durante más de ocho horas en garantía de su integridad física.

El Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomaron las instalaciones del penal, lo que se mantuvo hasta el día siguiente, y fue alrededor de las 2:00 de la madrugada que liberaron al director del penal.

En horas de la tarde de este jueves, funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios efectuaron una requisa, contaron a los reclusos y atendieron a los heridos. Mientras tanto, los familiares se concentraron en la entrada principal desde tempranas horas de la mañana para orar y velar por el bienestar de sus seres queridos.

-El asesinado en la trifulca-

Roiber Alejandro Pereira Mendoza fue condenado a 11 años y 3 meses de prisión por el delito de robo agravado y uso de adolescente para delinquir. Su primer centro de reclusión fue el Destacamento 121 de la GNB y luego fue trasladado hasta el Internado Judicial de Yaracuy, conocida como la cárcel de La Cuarta.

Posteriormente fue trasladado hasta la Comunidad Penitenciaria de Fénix en el estado Lara y durante más de cuatro años este joven vivió entre las dos prisiones larenses, la última vez que lo trasladaron fue hace cuatro meses a Uribana, centro de reclusión para procesados.

Algunos familiares relataron al equipo del OVP que el joven cumpliría seis años tras las rejas en el mes de junio, más las redenciones que tenía por su buen comportamiento, le correspondía la libertad a través de un beneficio. El hoy occiso esperaba con ansias ese momento.

Incluso en algún momento Roiber Alejandro le comentó a sus parientes que quería mantenerse alejado de los problemas para no retrasar la libertad que tanto anhelaba.

Por último, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó medidas provisionales respecto a la cárcel de Uribana en el año 2007, las cuales fueron reiteradas en 2013 y en las que se requirió al Estado venezolano adoptar medidas para evitar la pérdida de vidas y daños a la integridad física, psíquica y moral de los presos.