España acepta investigar a Ortega Díaz y a Rodríguez Torres, exfiscal y exministro del chavismo, por torturas 2g5y20
La Audiencia Nacional de España itió un recurso para iniciar investigaciones contra los desertores del chavismo Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres por delitos de lesa humanidad y torturas cometidas durante sus gestiones como fiscal general de Venezuela y ministro de Interior y Justicia, respectivamente. 839
Ambos exfuncionarios chavistas permanecen asilados en España, y fueron denunciados el pasado 5 de mayo por la opositora Dulce Bravo, representada por la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio (Urvex), la asociación que presentó también una querella contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que acabó siendo rechazada.
Bravo es una venezolana de 57 años de edad que permanece refugiada en Argentina desde 2013, que también es respaldada por la organización Manos Limpias, que se adherirá a la demanda.
La opositora relató las torturas que sufrió por colaborar desde finales de 2002 con un grupo de militares opositores al régimen chavista que se instalaron en la plaza Altamira de Caracas.
Contó que tres hombres con acento cubano se bajaron de un coche negro, le pusieron un pañuelo en el rostro y la montaron en el vehículo medio adormecida. Cuando se despertó, estaba en una sala medio desnuda y con las manos atadas en una silla mientras le hacían preguntas.
"Me istraron hipnóticos y me escribieron en la espalda, vientre y pechos amenazas contra el general Felipe Rodríguez y los disidentes de la plaza Altamira (...) Me sentaron en una silla y comenzaron a hacerme preguntas, darme golpes en la cabeza con algo que se sentía como un tubo. Luego me golpeaban las rodillas con algo metálico y me ardía muchísimo", señaló Bravo.
"Me dijeron que toda mi tortura estaba siendo grabada y que quedaría como advertencia a todos por orden del director Miguel Rodríguez Torres".
Además denunció que el entonces ministro de Interior y Justicia le ofreció "una finca y una maleta llena de dinero si le decía dónde estaba el general (el opositor Felipe Rodríguez)".
Posteriormente habría sido trasladada a los tribunales "donde se me negó el derecho a declarar por orden de la fiscal Luisa Ortega".
La opositora también destacó que recibió amenazas constantes por teléfono y que los agentes de inteligencia permanecían frente a su vivienda día y noche.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, pidió a la Fiscalía española que emita un informe que determine si es competente para investigar a Ortega Díaz y Rodríguez Torres por tales acusaciones.
