Perú en la encrucijada, un debate sobre la crisis política, la economía y las violaciones de derechos humanos en el país andino 3e4d59
Desde hace 40 años, todos los presidentes de Perú (salvo los provisionales o los que mueren a tiempo) acaban detenidos. 4n4j
Es la evidencia de un problema de fondo que revela la profunda crisis política en la que está sumido el país andino. Parece evidente que las instituciones peruanas no funcionan, y la sombra de una corrupción generalizada entre los gobernantes, parlamentarios y jueces impide solucionar el problema.
Tras unos meses de estallido social y protestas, el país parece haber recuperado ahora la calma, una calma inestable ante la incertidumbre de lo que viene.
Esta semana, el Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento en Washington, nos invitó a moderar un interesante debate sobre «Perú en la encrucijada: Crisis política, tendencias económicas y violaciones de derechos humanos. ¿Qué sigue?».
Participaron académicos, analistas políticos, organizaciones de derechos humanos y un representante del gobierno de Dina Boluarte, la actual presidenta de Perú.
Esta noche les ofrecemos parte de ese interesante debate que ayuda a comprender un poco mejor cómo está hoy este país y qué viene en los próximos meses. El debate comenzó con el análisis de la situación política y social.
El conversatorio ahondó también en una particularidad de este país: a pesar de la constante crisis política la economía peruana funciona, parece estar ajena a la tumultuosa vida política y social.
En poco más de dos décadas, Perú ha tenido más de 10 presidentes, y en ese tiempo su tipo de cambio aumentó apenas en un 8%. Si bien la pandemia aumentó la pobreza, su moneda y su actividad comercial han seguido creciendo.
Es ineludible hablar hoy de este país y hacerlo sobre derechos humanos. Tras el autogolpe de Estado del depuesto mandatario Pedro Castillo, el país se encendió y decenas de marchas se organizaron para protestar y pedir cambios profundos.
La violencia se extendió en muchas de esas marchas y la respuesta del Estado incluyó, según la CIDH, el uso “desproporcionado, indiscriminado y letal” de la fuerza. 67 personas perdieron la vida y hubo más de 1300 heridos.
Human Rights Watch denunció que fuerzas oficiales pudieron haber ejecutado a decenas de manifestantes durante la represión.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte se defendió: dijo que no fue una violencia indiscriminada y rechazó el calificativo de “masacre”.
El debate fue encendido, particularmente entre los defensores de derechos humanos y el representante del gobierno peruano.
Cuestión de Poder conversó con Alberto Vergara, analista político, profesor adjunto de la Universidad del Pacífico de Perú; César Muños, director asociado de la División de las Américas Human Rights Watch; Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas de Perú; Gustavo Adrianzén, embajador de Perú ante la OEA y Esmeralda Arosemena, vicepresidenta primera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
