Bachelet incomoda al régimen: Cancillería de Maduro señala 70 “errores” en el informe 3w54s

Luego de conocerse el informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, en el que se declara "graves violaciones" de DD. HH. en Venezuela, el régimen de Maduro emitió un documento que contiene unas 70 observaciones. 5j215l

A continuación se resume parte de las objeciones plasmadas textualmente en el documento de la cancillería venezolana:

• El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela
• En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial
• Resulta injustificable que la OACNUDH haya priorizado en su análisis los testimonios recabados fuera de Venezuela, sin considerar los elementos que el personal de esa Oficina pudo directamente apreciar en sus visitas al país
• No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos
• Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la OACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles
• En el párrafo 11, el informe omite hacer referencia a otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Entre esas medidas se encuentran: el sistema de asignaciones dinerarias mensuales a través del Carnet de la Patria  , el subsidio general a los costos de los servicios públicos (agua, electricidad, gas doméstico, transporte, internet), la gratuidad del sistema educativo y de salud, así como, la universalidad en el sistema de pensiones de seguridad social, entre otras
• Omite incluir el impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el país
• Ninguna autoridad ha reconocido la existencia de una “crisis humanitaria” en Venezuela, pues no están dados los supuestos previstos en el derecho internacional para ello
• La OACNUDH pudo constatar la amplia disponibilidad de alimentos existente, dejando sin sustento empírico las afirmaciones contenidas en el párrafo 14 del informe.
• La OACNUDH accedió a salas de emergencia, depósitos de medicamentos, salas de diálisis, áreas de hospitalización y áreas de imagenología, entre otros espacios, constatando la atención brindada y los reales niveles de disponibilidad de equipos, insumos y medicamentos, así como de personal
• Igualmente, en el párrafo 19 el informe sostiene que 40 pacientes murieron como resultado de los “cortes de energía”. Esta aseveración resulta errada pues durante el sabotaje eléctrico ocurrido en marzo de 2019 no se registraron pérdidas de vidas humanas que resulten atribuibles a la falta de electricidad
• En el párrafo 28, el informe destaca el supuesto cierre de medios de comunicación social y la expulsión de periodistas del territorio nacional. En este abordaje, la OACNUDH omite la información suministrada por el Estado en relación con el proceso de renovación de concesiones y las normas que regulan el ejercicio de la labor del periodismo para profesionales extranjeros, no residenciados en el país.
• En el párrafo 37, el informe analiza los procesos penales inciados contra diputados de la Asamblea Nacional. En este estudio, la OACNUDH omite mencionar el magnicidio frustrado contra el Presidente de la República del 4 de agosto de 2018, organizado por diputados de la Asamblea Nacional. Igualmente, al referirse a los hechos del 30 de abril de 2019, la Oficina omite señalar que los diputados no solo hicieron un llamado a las fuerzas armadas a que “deserten y desafíen al gobierno”, sino que se apostaron en una vía pública con armas de guerra de alta potencia, orientadas hacia la población civil, en un intento de golpe de estado. Tampoco destaca los constantes llamados a la intervención militar extranjera.
• En el párrafo 61, el informe alude a la supuesta presencia de grupos armados de nacionalidad extranjera dentro del territorio de Venezuela. Esta aseveración es errada. En el país no existe presencia de ningún grupo armado extranjero.
• En el párrafo 68, el informe hace mención al supuesto número de venezolanos y venezolanas que habrían abandonado el país. No obstante, la cifra aportada resulta errada y exagerada, tal como se lo ha hecho saber el Gobierno venezolano a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones
• En el párrafo 80, el informe recomienda al Gobierno adoptar medidas para atender la situación de derechos humanos. En cambio, nada dice en ese u otro párrafo sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país.
• En el párrafo 81 (b), el informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos”. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición.

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