El crudo informe de la ONG Provea que resume la crueldad de diez años de gobierno de Maduro 4u222k
Informe Anual 2023 de Provea fue presentado este martes en Venezuela, en el que advierte que la grave crisis solo tendrá salida cuando las demandas de justicia e igualdad de derechos puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional. q4d1m
En la investigación tipifican a Maduro como el autor de una década oscura para los Derechos Humanos en Venezuela.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presentó su Informe Anual 2023 número 35, en el que advierte sobre una sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela bajo la gestión de Nicolás Maduro, que ya suma 10 años en el poder.
En el documento se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país, la ONG denuncia que las políticas de Maduro han profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades más básicas de una persona.
Provea subraya que estos resultados son el producto de un modelo económico y social excluyente y de una gestión gubernamental que ha fallado en proteger y garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos, una “década oscura” de empobrecimiento y represión en el país.
Frente a estas circunstancias, la organización no gubernamental señala que hay un país que no se cansa de levantarse ni de luchar “un país que aspira caminar hacia un progreso sustentado en el trabajo y en un Estado que garantice sus derechos políticos, sus derechos económicos y sus derechos sociales”.
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La situación social siguió deteriorándose, según los registros.
La población trabajadora que mantiene sus ingresos en bolívares presenció la disminución de su poder de compra y sus derechos laborales, los empleadores (en particular en el sector público) retienen el monto de beneficios como vacaciones, utilidades y prestaciones sociales a un salario mínimo oficial de 4 dólares americanos, afectando también el valor de las pensiones y jubilaciones que permanece anclado a estos 130 Bs, insuficientes para proteger a la población y garantizar las necesidades más básicas.
El deliberado estancamiento del ingreso mínimo de los trabajadores forma parte de una política asumida por la gestión de Maduro para desalarizar el trabajo, profundizando la precarización del empleo y extinguiendo la capacidad de ahorro de las familias.
“La escasa capacidad de compra de la población impide que aumente la demanda interna y por ello este panorama de alta desigualdad y pobreza masiva constituye actualmente un límite para las posibilidades de mantener el crecimiento económico bajo el modelo que ha impulsado el gobierno” sostiene la organización.
El resto de la política social se ha basado en los bonos asociados al “Carnet de la Patria” que son excluyentes por ser otorgados bajo discreción del gobierno. El otro componente de la política social fue la ayuda alimentaria, que significó la distribución de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Este programa sigue siendo insuficiente, de periodicidad irregular y con poca variedad y calidad de los productos que solo llegan a aportar el 15,5% de los requerimientos calóricos de una persona.
El resultado de este panorama de alta inflación, bajos ingresos y débil protección social es devastador, de acuerdo con diversos indicadores que detalla la ONG: solo el 16% de los hogares consume una cantidad suficiente de alimentos; 50,6% dedican casi todo su presupuesto a alimentos, y 45,2% de la población está en inseguridad alimentaria.
En materia de a servicios básicos, las cifras son también alarmantes: 69% de la población sufre severas restricciones para el a agua potable, 61,9% enfrenta graves fallas de electricidad y 49,4% tiene escaso a servicios de transporte.
Maduro: una década oscura para los Derechos Humanos
El pasado 19 de abril de 2023, Nicolás Maduro arribó a su décimo año al frente de la primera magistratura nacional. Al asumir la presidencia, Maduro afirmó que sería el primer presidente “obrero” de la historia venezolana. Prometió la construcción de un modelo económico basado en la justicia y la igualdad, pero, tras el incumplimiento de sus promesas, se convirtió en lo que Provea advirtió desde el primer día: un presidente anti obrero.
Provea denuncia que el gobierno de Maduro sofocó los derechos a la libertad personal, a la vida y a la integridad personal con ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
